(OSV News) -- Un juez federal ha detenido una política de inmigración que ofrece protecciones a los cónyuges e hijastros no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses con la intención de mantener a sus familias unidas mientras buscan legalizar su estatus en los Estados Unidos.

El 26 de agosto, el juez de distrito J. Campbell Barker dictó una suspensión administrativa contra la norma "Keeping Families Together" (Manteniendo a las Familias Unidas) de la administración Biden, que había sido impugnada por 16 estados, entre ellos Texas.

La suspensión de 14 días, que puede prorrogarse, "no se aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar el permiso de permanencia temporal en virtud de la norma, en contraposición a la concesión del permiso de permanencia temporal en virtud de la norma", escribió Barker en su orden.

La norma de la administración Biden, que fue anunciada el 18 de junio, pretendía permitir que las familias de estatus mixto permanecieran unidas ayudando a los cónyuges e hijos no ciudadanos que cumplieran los requisitos a solicitar la residencia legal permanente sin tener que salir primero de EE.UU.

Los solicitantes del plan "parole in place" debían haber residido en EE.UU. durante 10 años o más y estar legalmente casados con un ciudadano estadounidense. A los solicitantes aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional se les habría permitido permanecer en Estados Unidos, con un periodo de tres años -- durante el cual podrían obtener autorización de trabajo -- para solicitar la residencia permanente.

En una declaración del 18 de junio, la Casa Blanca señaló que la norma beneficiaría a "aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses".

En promedio, las personas que reúnen los requisitos "han residido en Estados Unidos durante 23 años", señaló la Casa Blanca.

Días después de que el DHS comenzara a aceptar solicitudes, la coalición de estados presentó sus impugnaciones ante la Corte de Distrito de EE.UU. en el Distrito Este de Texas, calificando el programa de Biden de "ilegal".

"La ley federal prohíbe desde hace tiempo que los extranjeros que entraron ilegalmente en Estados Unidos obtengan la mayoría de los beneficios de inmigración. Esto incluye la obtención del estatus de residente permanente legal -- sin salir primero de los Estados Unidos y esperar fuera de los Estados Unidos el tiempo requerido -- sobre la base de una petición de visado familiar o de empleo aprobada", dijeron los estados en su presentación.

Los estados dijeron que esas disposiciones "sirven como poderosos desincentivos para que las personas crucen la frontera ilegalmente".

Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Catholic Legal Immigration Network Inc., conocida como CLINIC, calificó la orden de Barker de "profundamente decepcionante y un revés para las familias de todo el país".

"El programa Keeping Families Together es una solución compasiva y práctica que permite a las familias permanecer juntas mientras navegan por los procesos legales de inmigración basados en la familia", dijo Gallagher en un comunicado enviado por correo electrónico a OSV News. "En CLINIC, seguimos comprometidos con la defensa de políticas que promuevan la unidad familiar y defiendan los valores de la justicia y la dignidad humana. Seguiremos apoyando a los afectados por esta decisión y abogando por vías hacia la ciudadanía que mantengan unidas a las familias".

Anteriormente, el obispo de El Paso, Texas, Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, había recibido con beneplácito la noticia de la norma de la administración Biden, señalando que un programa similar había estado disponible para los miembros del servicio militar y sus familias durante varios añ